Por Vanda Felbab-Brown y Alejandro Castillo López
La vaquita marina, la marsopa más pequeña del mundo, está en crisis. Se está muriendo capturada en redes ilegales utilizadas para capturar a la totoaba, un pez protegido cuya vejiga natatoria o “buche” es traficado a China, así como camarones y otros peces. Si el Gobierno de México no cambia el rumbo de manera urgente, la vaquita podría extinguirse en 2021. Su población cayó en 98.6% en ocho años, la caída más rápida y pronunciada para cualquier especie vertebrada en los últimos 50 años. El último conteo, en otoño del 2019 solo identificó a 10 vaquitas, un número críticamente bajo. Pero también encontró tres crías, dando una ligera esperanza a su sobrevivencia. La última ves que las vaquitas fueron observadas por observadores capacitados fue en noviembre 2020. Desde entonces ha habido tanta pesca ilegal que los científicos no han tenido suficiente espacio para trabajar.
La crisis en el Alto Golfo de California (AGC) es profunda y multifacética – no solo ambiental, pero también económica, de gobernanza y Estado de derecho. La crisis también ha tenido consecuencias severas y en aumento sobre la agenda de combate a la pobreza del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El embargo impuesto por Estados Unidos de América (EUA) sobre los pescados y mariscos del AGC en 2018 ha afectado a las pesquerías por US$50 millones por año, y el dolor financiero se está expandiendo más allá del AGC. El pasado 30 de abril, los Estados Unidos prohibieron toda la importación del camarón silvestre mexicano, un recurso que genera a México $262 millones al año. En un duro golpe para la industria pesquera mexicana, esta última sanción afectará 42,000 empleos directos y otros 400,000 indirectos. La sanción fue detonada ante la falta de cumplimiento de los grandes barcos camaroneros en el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas. A pesar de esto, los EUA sancionaron al camarón capturado por embarcaciones menores (pangas), para prevenir que se evadan sus reglas en cuanto al origen del camarón importado, como se sospecha que ocurre en el AGC desde el embargo de 2018.
A menos de que las dinámicas en el AGC cambien rápido, más sanciones asociadas a la pesca ilegal y la captura incidental de vaquita están en el horizonte. Si los Estados Unidos encuentra que los pescadores no cumplen con el Acta de Protección de Moratoria de Redes de Deriva (Driftnet Moratorium Protection Act), una regla bianual que será evaluada en Junio 2021, las embarcaciones pesqueras mexicanas podrían perder privilegios en puertos de EUA y embargos adicionales a los productos pesqueros podrían ocurrir. Además, bajo la modificación Pelly (Pelly amendment) de 1978 al Acta de Protección de Pescadores de EUA, todo el comercio de productos de vida silvestre desde México, incluyendo pescados y mariscos, pudiera ser suspendido. En junio 2020, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EUA fue demandado por organizaciones ambientalistas obligándolo a evaluar el cumplimiento de la modificación Pelly respecto a la vaquita. El T-MEC pronto recibirá una queja pública sobre la falla de México en hacer cumplir sus leyes ambientales para proteger a la vaquita (similar a la reciente queja sobre captura incidental de tortugas marinas). Si resulta procedente, lo que es viable, EUA podría imponer mayores sanciones (después de agotar los mecanismos de resolución de conflictos). En septiembre 2021 la reunión del Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) también considerará el cumplimiento de México entorno a sus recomendaciones para la protección de la vaquita, lo que pudiera resultar en castigos al comercio de vida silvestre. De manera acumulativa, estas sanciones podrían tener un efecto dramático a nivel nacional en la economía mexicana.
Las acciones necesarias para quitar los embargos de EUA y prevenir mayores sanciones internacionales son las mismas que salvarían a la vaquita. El Gobierno de México debe tomar acción para eliminar la captura incidental de vaquitas. Para ello, el nuevo Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox debe: (1) convencer a la Secretaría de Marina que detener la pesca ilegal y restaurar el Estado de derecho en el AGC es urgente y prioritario; (2) motivar la reactivación inmediata del programa multiinstitucional de retiro de redes fantasma en el AGC; (3) proveer incentivos y herramientas adecuadas para la transición rápida a artes de pesca amigables con la vaquita. Si tiene éxito, México estará en camino para recuperar su principal mercado de mariscos y restaurar ingresos económicos críticos.
Para salir de la crisis generada por el embargo se requiere entender el proceso que lo llevó a ese punto. En agosto de 2018, una decisión de la corte de EUA impuso las primeras restricciones a los mariscos del AGC. La prohibición fue resultado de una demanda interpuesta en Diciembre 2017 por tres ONG que argumentaron que el Acta de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA, por sus siglas en inglés) de EUA hacia ilegal la importación de camarón pescado con redes en el AGC pues estas ponían en peligro a la vaquita. El MMPA prohíbe la importación desde países cuya captura incidental de mamíferos marinas excede los estándares de EUA. Debido a que la población de vaquita está tan amenazada, los estándares deben ser los más estrictos: para cumplir con las leyes de EUA, la pesca en el AGC no debe representar ningún riesgo para la vaquita.
En noviembre 2018 el Gobierno de México trató de resolver el problema solicitando una “evaluación de comparabilidad” para 10 pesquerías del AGC para probar que el programa regulatorio mexicano es “equivalente” en efectividad al del MMPA. A pesar de la larga lista de condiciones que tenían que cumplir, en diciembre 2018 el Gobierno de EUA aprobó en gran medida bajo la premisas de que México actualizaría su marco regulatorio para prohibir todas las redes de enmalle, autorizaría nuevas artes de pesca amigables con la vaquita, y fortalecería la inspección y vigilancia y su transparencia.
Con base en la promesa de la administración de Enrique Peña Nieto, los EUA otorgaron la comparabilidad a nueve de las pesquerías, permitiendo su importación. Sin embargo, estas pesquerías siguieron sujetas a un proceso legal y un mandato judicial por lo que aun no pueden entrar legalmente a EUA.
La situación empeoró en lugar de mejorar. La administración de López Obrador no dio seguimiento a las promesas, a pesar de múltiples advertencias de EUA en 2019, de que la inacción podría generar la pérdida de la comparabilidad. Esto pasó el 1ro de abril del 2020 y subsecuentemente las ONG dejaron su caso. Ahora restaurar el comercio de mariscos del AGC con EUA depende estrictamente de si los EUA encuentra que el Gobierno de México ha establecido e implementado las regulaciones necesarias para proteger a la vaquita.
El 24 de septiembre, 15 y 21 de enero del 2021 México estableció nuevas regulaciones dirigidas a satisfacer los requerimientos estadounidenses. Esta intención pudo no haber sido comunicada adecuadamente a los pescadores del AGC, quienes se ampararon ante las nuevas regulaciones, defendiendo el uso de “redes tradicionales” (prohibidas en el AGC desde hace muchos años), rechazando el uso de artes de pesca amigables con la vaquita por ser “poco rentables”, y en gran medida no pudieron cumplir. Como resultado, la administración actual no ha podido demostrar que las nuevas regulaciones han reducido significativamente el riesgo de capturar vaquitas. Además, sin un cumplimiento voluntario de las reglas que se han establecido para proteger los intereses económicos de los pescadores, será necesario tener una inspección y vigilancia efectiva para restaurar la exportación de la pesca del AGC a EUA. Dicha inspección ha sido ineficiente por años.
Las nuevas regulaciones elevaron la prioridad de detener la captura y tráfico ilegal de totoaba, sin embargo, las acciones para hacerlas cumplir han sido muy inadecuadas durante la temporada de mayor presencia de totoaba en 2021. La Secretaría de Marina tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir las regulaciones en el Refugio de la Vaquita, y las atribuciones para arrestar a quienes estén cometiendo un crimen en el área. Una exitosa acción en noviembre 2020 resulto en la primera vez que se levantan cargos bajo la Ley de Crimen Organizado de 2017 contra presuntos traficantes de totoaba. El Congreso recientemente aumentó las penas. A pesar de ello, el 2021 ha sido uno de los peores años. En abril 2021, pescadores de totoaba fueron filmados operando plena luz del día, sin embargo, no ha habido arrestos. También pescan flagrantemente con luces durante la noche.
A pesar de la urgencia de eliminar la principal amenaza a la vaquita (las redes), estos esfuerzos fueron prácticamente cesados en 2021. El 31 de diciembre del 2020, una panga en la que pescadores acosaban al barco del Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) mientras removía redes ilegales colisionó contra el barco resultando en una muerte y lesiones graves en otra persona. Después del incidente, una violenta manifestación se inició en San Felipe, tras lo cual se solicitó al SSCS que se mantuvieran fuera del área y no han regresado desde entonces. Museo de la Ballena (una ONG mexicana que ha apoyado al Gobierno de México en la remoción de artes de pesca y la prueba de artes de pesca amigables) se quedó sin fondos. Este año, la SEMAR ha removido unas cuantas redes, sin embargo, el importante programa interinstitucional de remoción de redes, en el que ONG y pescadores locales participan en apoyo al gobierno, no ha sido reactivado. La reducción en el esfuerzo de remoción de redes probablemente jugará en contra de México cuando se evalúen las decisiones respecto a la importación de pescados y mariscos.
El Gobierno de México ha establecido una estructura de diálogo y gobernanza, el Grupo Intergubernamental para la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California (GIS), que incluye a pescadores y organizaciones de la sociedad civil. El GIS puede ayudar a informar a los pescadores sobre la importancia del cumplimiento de las normas para sus intereses económicos y los del país en general. Al mismo tiempo, las autoridades en el AGC necesitan los recursos y el respaldo político para realizar acciones efectivas que pongan orden en la zona. El GIS se ha comprometido a hacer un plan para lograrlo.
Para restaurar las exportaciones hacia EUA y salvar a la vaquita en el proceso, el gobierno de México debe adoptar las siguientes recomendaciones lo antes posible:
Detener la pesca ilegal en el Área de Tolerancia Cero y el Refugio de la Vaquita. SEMAR debe priorizar la inspección y vigilancia en esa área bien delimitada. Conforme pase el tiempo, el Estado de derecho en todo el AGC debe ser fortalecido.
Remover de manera consistente todas las redes. Reactivar el proyecto interinstitucional de remoción de redes reducirá la amenaza más grande a la vaquita y satisfacerá una de las demandas internacionales más grandes.
Reactivar el sistema de monitoreo de pangas. Las regulaciones requieren que se utilice un sistema de monitoreo de embarcaciones menores y el análisis de dicha información. Hasta 2020, esto se hacia mediante el sistema Pelagic Data, sin embargo no está en operación actualmente. Es viable reinstalar el sistema y genera información que será clave para mayor legalidad y poder exportar a EUA.
Realizar la evaluación de la comparabilidad pesquería por pesquería. Para reducir las sanciones, se recomienda aplicar para la certificación de cada pesquería por separado y hacer bien cada una de ellas. La promoción del uso de la red suripera para camarón será clave. El programa piloto del Museo de la Ballena ha demostrado que esta red produce capturas rentables.
Solicitar apoyo a EUA para implementar artes amigables con la vaquita. Las reglas de implementación del MMPA permiten a EUA proveer asistencia técnica y financiera para desarrollar e implementar los requerimientos exigidos. México debe solicitar ese apoyo para financiar la implementación de la suripera y otras artes que reduzcan la captura incidental de manera que las nueve pesquerías embargadas puedan tener acceso al mercado estadounidense.
Implementar un programa de trazabilidad para la suripera. Debido a las preocupaciones sobre fraude, México debe asegurar que los permisos para pescar con suripera no sean utilizados para “lavar” camarón pescado con redes. Las pruebas de trazabilidad realizadas por el Museo de la Ballena son prometedoras y deberían ampliarse.
Impulsar un programa de entrega de redes de enmalle, pero esta vez, evitar fraudes. Es esencial diseñar e implementar un programa efectivo de cambio de artes de pesca antes del inicio de la temporada de pesca de camarón en septiembre.
Intensificar la aplicación de la ley en contra de los traficantes de totoaba aprovechando la información de los arrestos de noviembre 2020. Dado que elementos del crimen organizado participan en el tráfico de totoaba y de drogas, tiene sentido colaborar con EUA para detenerlo.
Cumplir con las regulaciones pesqueras y ambientales para prevenir la captura incidental de especies protegidas y combatir la pesca ilegal no es solo una actividad ambientalista. Es esencial para restaurar la relación comercial más importante de los productos pesqueros mexicanos. Retomar el control de las actividades en el mar debe ser una prioridad del Gobierno de México para reducir la pobreza y la inestabilidad social en las comunidades del AGC y más allá. Sin un Estado de derecho en el mar y las comunidades costeras, México podría estar sujeto a nuevas sanciones económicas con aun mayores impactos. En cambio, una buena gobernabilidad llevará a relaciones internacionales más sanas, condiciones de trabajo seguras, ganancias económicas mayores para pescadores y prestadores servicios turísticos y pesquerías más productivas.
* Vanda Felbab-Brown es miembro del Center for 21st Century Security and Intelligence in the Foreign Policy program en The Brookings Institution en Washington, DC. Twitter: @VFelbabBrown
* Alejandro Castillo López es el Director Asociado de Conservación Marina y Pesca Sostenible en Pronatura Noroeste. Twitter: @acastilop
