La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, llamada pesca INDNR, representa uno de los grandes desafíos para la sostenibilidad de los alimentos del mar. De acuerdo con la FAO, es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, por ejemplo. Con el apoyo de la tecnología, Pronatura Noroeste, junto con organizaciones pesqueras y gubernamentales, han logrado disuadir esta práctica
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en México es un problema que afecta a toda la cadena comercial, sobre todo a las comunidades pesqueras, ya que la vigilancia en altamar es compleja. No es fácil ubicar algún movimiento en la inmensidad del océano.
De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pesca INDNR es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor económico estimado de 10,000 a 23,000 millones de dólares, en el mundo.
Hace 8 años, desde Pronatura Noroeste, en alianza con CONANP, CONAPESCA, PROFEPA, SEMAR, así como con las organizaciones Causa Natura, Global Conservation y la Red de Observadores Ciudadanos, se propuso una respuesta para mitigar el ese problema: una herramienta tecnológica llamada Marine Monitor, el cual es un sistema que incluye radar, cámara y un software especializado que lleva a cabo un seguimiento continuo en un área determinada.
El objetivo: la disuasión de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. A la fecha, la incidencia de esta práctica ha disminuido, de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional de Pesca, lo cual podría estar correlacionado con el sistema Marine Monitor.
Por ejemplo, en 2016, un año antes de la instalación de este sistema de Vigilancia, se incautaron 782 mil 133 kilos de producto marino tanto en costas de Baja California como en Baja California Sur. Ocho años después, la cifra fue de 63 mil 216 kilos, es decir, un 92 por ciento de menor incidencia.
En tanto que las incursiones de embarcaciones menores también podría haberse disuadido. En el mismo periodo, esta incidencia disminuyó 73 por ciento en ambos estados.
Ricardo Juárez Salas, Coordinador de Proyectos de Cumplimiento y Aplicación de la Ley en Áreas Protegidas y otros sitios en el Noroeste de México para Pronatura Noroeste, explicó que Marine Monitor detecta todas las embarcaciones que entran en los polígonos donde se tienen los sistemas y se analizan los comportamientos, la trayectoria, la velocidad y los sitios exactos por donde pasan.
“A través de la información y experiencia proporcionadas por autoridades y vigilantes comunitarios, se define qué comportamientos pueden ser sospechosos, en este caso, de pesca ilegal”.
Marine Monitor utiliza aprendizaje automático (machine learning) e inteligencia artificial para identificar y hacer seguimiento de los comportamientos sospechosos, además de que tiene la capacidad de emitir alertas que son enviadas a las autoridades y, en algunos casos, vigilantes comunitarios que apoyan en las labores de control y vigilancia en sitios prioritarios del Noroeste de México.
El sistema tiene la capacidad de operar de manera autónoma las 24 horas del día los siete días de la semana dando seguimiento a cualquier embarcación.
Colaboración en red para la inspección y vigilancia
El trabajo de Pronatura Noroeste con comunidades pesqueras y autoridades ha sido amplio, no se trata únicamente de colocar los sistemas de radar, cámaras o el software de seguimiento, sino de tejer una red de relaciones para tener una comunicación amplia.
“En particular, trabajamos con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en todos los casos son ellos quienes operan el sistema, tienen el acceso directo a la información del sistema; nosotros les damos la capacitación, analizamos la información y proporcionamos datos precisos y claros de dónde se están presentando las irregularidades”, explicó.
No hay una cifra exacta para cuantificar el problema de forma específica, pero a través de cálculos de la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), se reconoce en el programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024 que el 40 por ciento de las capturas totales en México proviene de prácticas irregulares.
Es decir, es posible que 4 de cada 10 especies que se compren en pescaderías, mercados o supermercados provengan de la pesca INDNR.
“Es muy difícil cuantificarla, pero lo que sí sabemos es que es un problema tanto para los ecosistemas, es un problema para los pescadores legales y es un problema para la viabilidad de las áreas naturales protegidas”, señaló.
Lo que sí ha sido posible es conocer el daño al medio ambiente. Juárez Salas expuso que una parte que explica el manejo incorrecto de las pesquerías en el Golfo de California es, precisamente, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, tanto en los casos de la almeja chocolata, erizo y langosta, así como con la totoaba, una de las especies marinas de mayor demanda ilegal.
Cooperación: red de información institucional
Este trabajo de monitoreo y seguimiento comenzó en 2017, primero con la colocación de la tecnología de cámaras de largo alcance y después con la instalación completa de los sistemas Marine Monitor, que ayudaron a supervisar de manera más efectiva el desplazamiento de embarcaciones.
El resultado principal es que, con base en información valiosa que se recoge, se distribuye en una red de comunicación entre instituciones para implementar acciones precisas e inmediatas.
“Mucho de lo que antes se decía o pensaba sobre pesca ilegal en estos sitios donde se instaló cambió, porque no se contaba con información precisa. A partir de estos sistemas tenemos información y datos duros de dónde ocurre y cómo ocurre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, aseguró.
“Tenemos muy definido en las Áreas Naturales Protegidas de Cabo Pulmo y Loreto cuáles son los sitios con la mayor cantidad de alerta de actividades sospechosas, tenemos también sobre los días de la semana y las horas”.
La información ha sido útil para las autoridades y comunidades pesqueras para planear acciones de vigilancia de manera más efectiva, lo que se traduce en un menor gasto de recursos públicos.
