• Urgente fortalecer el marco legal para la procuración de justicia ambiental en materia de biodiversidad y áreas naturales protegidas
• Fortalecer el procedimiento administrativo para la inspección y vigilancia en materia ambiental debe ser una prioridad legislativa.
• Aumentar la inspección y vigilancia en áreas naturales protegidas se podría lograr sin costo al erario.
   

Cancún, Quintana Roo a 4 de diciembre de 2016.- En el marco de la décimo tercer Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se lleva a cabo en Cancún del 5 al 17 de diciembre, 15 organizaciones de la sociedad civil, hacen un atento llamado al H. Congreso de la Unión a desarrollar y publicar las reformas necesarias para fortalecer el marco normativo ambiental a fin de que exista una mejor y más efectiva procuración de justicia en la materia.

México cuenta con más del 10% de la biodiversidad mundial[1] lo que conlleva una gran responsabilidad tanto a nivel nacional como internacional. Esta característica de país “mega diverso”, nos ha llevado a desarrollar un marco legal importante y a establecer compromisos internacionales de alta relevancia en materia de protección a la biodiversidad, cambio climático y combate al tráfico de especie. Sin embargo, una de las principales limitantes para cumplir con dichos compromisos está relacionada con la limitada capacidad legal e institucional para hacer cumplir y respetar las regulaciones existentes.

En este sentido, vale la pena comentar que un estudio elaborado por investigadores de la Administración Nacional del Océano y la Atmosfera -NOAA- por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, en conjunto con universidades y organizaciones de la sociedad civil mexicanas sugiere que “la medida más efectiva para recuperar la biodiversidad en el norte del Golfo de California es hacer cumplir las regulaciones existentes”. El estudio indica que esto tendría mayor impacto que cualquier otra medida de manejo en la zona; todo lo cual, adquiere extrema relevancia en el contexto de crisis que se vive con la potencial desaparición de la vaquita marina.

De acuerdo con especialistas en la materia, hay diversas barreras en el marco legal que imposibilitan que lo anterior ocurra. “Los procedimientos administrativos que rigen la actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fueron diseñados hace más de 20 años, contemplando de manera casi exclusiva aspectos de contaminación industrial y con un enfoque a la problemática urbana, dejando en estado de vulnerabilidad a las Áreas Naturales Protegidas o aquellas áreas de relevancia biológica del país”, señalaron las organizaciones. “Desde el año 2000 se ha robustecido el marco normativo ambiental a través de la emisión de diversas leyes en distintas materias: de vida silvestre, de cambio climático, de responsabilidad ambiental, entre otras. Sin embargo, las herramientas que necesita la PROFEPA para hacer cumplir dichos cuerpos normativos no se han actualizado”.

Es importante insistir que esta situación es particularmente preocupante en las áreas naturales protegidas del País. En su plan sectorial de medio ambiente[2], México se comprometió a proteger de manera efectiva el 17% de la superficie terrestre nacional y el 10% de su superficie marina. Un artículo científico publicado en la prestigiada revista Nature en 2014 indica que “uno de los cinco factores clave para que funcionen las áreas marinas protegidas es hacer cumplir la ley”. Esto implica que, además de aumentar la frontera de protección, se deberán realizar acciones que aseguren que las áreas protegidas cumplan sus objetivos y para ello es indispensable fortalecer el régimen de inspección y vigilancia y dotar a la Conanp y la Profepa de las herramientas necesarias.

De acuerdo con las organizaciones firmantes “Lograr que las áreas naturales protegidas sean efectivas sin tener presencia de quien hace cumplir las reglas es prácticamente imposible”. Por otro lado, “consideramos que, a través del fortalecimiento de atribuciones y la mejora de procesos administrativos, es factible hacer más eficiente la presencia de autoridades sin necesidad de incrementar el costo al erario”.

Por todo lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil que suscriben el presente, consideran urgente fortalecer, a través de un diálogo abierto con organizaciones civiles, grupos sociales, academia y gobierno, los procedimientos administrativos en materia ambiental, especialmente aquellos que tienen que ver con inspección y vigilancia, así como facultar debidamente al personal de las dependencias federales que tienen presencia permanente en las áreas naturales protegidas.  “Fortalecer los procedimientos administrativos y reducir la atomización de atribuciones de inspección y vigilancia en áreas naturales protegidas sería una clara señal del profundo compromiso que México asume con la conservación de la biodiversidad, y hay señales que nos permiten asumir que el Congreso es consiente y ratificará ese compromiso” concluyeron.

[1] Sarukhán, J., et al. 2012. Capital natural de México: Acciones estratégicas para su valoración, preservación y recuperación. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México.

[2] SEMARNAT. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. México, 2013. Publicado en el D.O.F. de 12 de diciembre 2013.